POR CARLOS RIVERO MELGAR
El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, en entrevista con el canal digital La Noticia Perú, advierte que el pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte tiene el objetivo de hackear la investidura presidencial. Afirma que la influencia ideológica de las ONG en instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial busca la fragmentación del Estado, la anarquía y el caos.
¿Coincide con la afirmación del abogado Wilber Medina, quien señala que detrás del pedido de prisión preventiva para Nicanor Boluarte está un intento de desestabilizar al Gobierno?
Wilber Medina es un abogado muy sincronizado con la realidad política y del sistema judicial, y enfoca bien claro lo que está sucediendo. En este caso, más allá de que se tenga razón o no sobre el caso del señor Nicanor Boluarte, definitivamente la consecución de los hechos nos muestra que hay una interferencia política, un objetivo político de hackear la investidura presidencial. No se trata de algo personal, criminal o delincuencial, sino que este conjunto de acciones tiene una finalidad política clara que es deslegitimar y caricaturizar de la investidura presidencial. Es un tema recurrente de las ONG y de la influencia política e ideológica sobre el Ministerio Público.
¿Detrás de esto hay una coordinación entre IDL, Fiscalía y Poder Judicial?
Definitivamente, el Poder Judicial y un sector preponderante del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, con algunos medios de comunicación y con ONG de carácter político, que han tenido el poder en los últimos 25 años, se manifiesta concretamente en su intervención política a través de la manipulación de los medios de comunicación para generar narrativas y con el compromiso de un sector del Ministerio Público, donde, con o sin razón, se hace seguimiento criminal sobre supuestos actos de corrupción sobre el Gobierno o personas muy poderosas involucradas supuestamente en actos ilícitos. Se ataca la investidura presidencial, se ataca al Gobierno, se deslegitima el principio de autoridad con una sombría de justicia de donde atrás subyace una ideología política que debilita la institucionalidad en el país. En los últimos 25 años no se trata de luchar contra la corrupción que crece día a día, no se trata de defender el Estado de derecho, que cada vez es más cuestionado. No se trata de imparcialidad de la justicia porque cada vez vemos que la justicia se alinea con ideologías y momentos políticos, de lo que se trata es de hacer del poder en el Perú una caricatura y deslegitimar la imagen de la presidencia y del principio de autoridad del Estado.
¿Este intento de deslegitimar la investidura presidencial apunta a un adelanto elecciones?
El escenario de adelanto de las elecciones está presente desde el primer día que la señora (Dina Boluarte) asume el poder, también es evidente las serias dificultades, carencias y limitaciones que tienen las autoridades políticas en el poder para enfrentar problemas como la seguridad ciudadana, la inestabilidad política, la crisis económica y la lucha contra la corrupción. Vemos que hay serias incapacidades, no tienen una base política propia que lo sostenga realmente en el poder, no tienen una legitimidad sobre la población, tienen niveles de desaprobación creciendo, tienen un rechazo popular evidente, pero esa no es la finalidad. Digamos que hay un objetivo de adelantar elecciones, pero, insisto, la finalidad de las ONG es la politización ideológica del Ministerio Público, la finalidad de un uso político de la Policía es generar la fragmentación del Estado peruano, hacerlo débil hacerlo impopular e incapaz de solucionar los problemas la agenda ideológica en contra del país es destruir la institucionalidad y desprestigiar la investidura presidencial.
Hemos tenido varios presidentes en 10 años, eso también ha golpeado la imagen de la política en el país.
Definitivamente, pero hay un factor común en los últimos 10 o 15 años, porque esto tiene sus bases desde el año 2000. En todos los cambios presidenciales en todas las gestiones presidenciales ha estado la fuerza contundente de un Poder Judicial, de un Ministerio Público ideologizado. Desde 2004, por ejemplo, donde a la Policía se le quita la primacía de perseguir a la delincuencia; la investigación del delito y el crimen pasan a ser atribución principal del Ministerio Público y todo ha empeorado en seguridad. El factor común de todo esto es que hay un proceso de ideología política que ocupa todas las instituciones del Estado y que, de hecho, ha fracasado. Sin embargo, en términos marxistas ha cumplido el rol preponderante de llevarnos a la anarquía y al caos, de polarizar al país, donde, con la excusa de escoger el mal menor, tenemos a un sistema político fragmentado e implosionado.
“ELECCIONES SERÁN LAS MÁS CAÓTICAS DE LA HISTORIA”
Que las elecciones del 2026 “quizá serán las más caóticas de la historia democrática del Perú y curiosamente desprestigian a la democracia”. “Un sistema de elecciones así, con esta precariedad, sin liderazgos, solamente favorece a los más corruptos, a los mediocres, porque se ocultan en una política fragmentada”, señala.
“Será tanto el caos que habrá alianzas temporales de supervivencia y demanda de clientelismo”, afirma. Finalmente, indica que será un proceso de guerra política fragmentada donde los más perjudicados van a ser las personas más débiles.
LIENDO O’CONNOR, en una entrevista publicada por el diario “La Noticia” el 13 de agosto de 2024, describe cómo algunas ONGs comprometidas con una ideología política y que han venido teniendo desde hace más de 25 años un protagonismo preponderante sobre las diferentes gestiones de gobierno, constituyen una variable inseparable del proceso de colapso del sistema político peruano y de las circunstancias de anarquía por las que atraviesa el país. La supervisión y control de ONGs que se involucran en la actividad del poder dentro del país es un requisito fundamental para retomar el principio de autoridad del Estado.
