En la “apacible” república peruana, donde las instituciones de justicia y el Congreso, se supone, deberían marchar al compás de una sinfonía bien afinada, se ha encendido un nuevo escenario de confrontación que reiteradamente muestra la implosión del sistema político y la guerra entre los poderes del Estado.
El Congreso, amenazado y atacado judicial y políticamente por el Ministerio Público, en una muestra de realismo político, ha decidido lanzarse a la tarea de “fiscalizar” al Poder Judicial sobre las circunstancias claras y concretas de ineficiencia, corrupción y politización ideológica.
Este conflicto viene generando un intenso debate sobre la legitimidad de las iniciativas del Congreso para fiscalizar el sistema de justicia ante las evidencias de politización ideológica, ineficiencia, corrupción y sometimiento de la acción de justicia a organismos internacionales y a ONGs que bajo una supuesta legitimidad del “poder supranacional” por sobre la Constitución y el voto electoral, buscan someter al Congreso Nacional a los designios y agendas de actores internacionales. En este escenario, resulta un hecho concreto que la acción de la justicia y la corrupción en el poder judicial han socavado la confianza pública justificando la acción legislativa.
Este argumento no carece de fundamento; la percepción de impunidad, politización y la ineficacia en la lucha contra la corrupción han afectado la legitimidad del Poder Judicial. Si bien es cierto que puede existir preocupación respecto a la posibilidad de vulnerar el principio repúblicano de la separación de poderes, es necesario precisar que los organismos fiscalizadores al interior del poder judical como la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, los tribunales superiores y otros que en su conjunto supervisan y controlan los estándares éticos y profesionales de jueces y fiscales, forman parte estructural de un sistema contaminado que requiere profundas reformas y acciones de carácter inmediato ya que ninguna acción del Poder Ejecutivo y del Legislativo podrá ser efectiva ante un Poder Judicial que ha comprometido signifivativamente su legitimidad por asumir un rol preponderantemente político e ideológico.
El enfrentamiento del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo se añade a la complejidad del escenario que hoy se presente ante la inminente restauración de las facultades de investigación preliminar a cargo de la Policía desplazando de esa capacidad al Ministerio Público; el Congreso entonces, tiene como aliado al Poder Ejecutivo, mientras que el Poder Judicial a los organismos internacionales y a un importante sector de la prensa.
Así, en el escenario de guerra política en curso, tenemos en un extremo con toga y martillo, al Poder Judicial, y en el otro con traje y corbata, al Congreso de la República iniciando la Danza de la Fiscalización.
