Desde hace unos pocos años, una sola frase resume la generalizada demanda de la población peruana con respecto al problema más grave que tiene que enfrentar en sus actividades cotidianas: “seguridad ciudadana”. Mientras somos testigos permanentes de los nocivos efectos que vienen causando la delincuencia y el crimen, existe una sólida convicción de que continúan creciendo sostenidamente e incrementando su nivel de violencia y muerte a un nivel nunca visto en nuestra historia, frente a la contundente incompetencia e insensibilidad de las autoridades políticas involucradas.
Resulta entonces necesario, a estas alturas, comenzar a enfocarnos más en soluciones que en una crítica permanente frente a un gobierno del que poco o nada se puede esperar con respecto a la crítica situación descrita. En este sentido, ya se están produciendo serios esfuerzos desde un grupo de policías en situación de retiro, principalmente exintegrantes de la extrañada Policía de Investigaciones del Perú (PIP), que en coordinación con uno de los valientes congresistas, viene trabajando sigilosa pero decididamente en la Comisión de Constitución del Congreso de la República para una reforma integral que permita reactivar o refundar las tres instituciones policiales que existían antes de la fracasada unificación de la Policía en diciembre de 1988.
La oposición a esta inevitable reforma no es menor y proviene mayoritariamente desde funcionarios policiales en actual servicio, funcionarios del Ministerio de Interior, del Ministerio Público, del Poder Judicial y otros relacionados con la promoción de ascensos, permanencia en sus puestos, defensas de sus fueros gremiales y/o de grupos relacionados con el empleo de los presupuestos de seguridad multimillonarios que se vienen otorgando cada año a un sector que no sólo es referido por la contraloría como el más corrupto del Estado peruano, sino que a la vista de cualquier ciudadano resulta ineficiente e incompetente.
Existe una aparente posición de “supuesto sentido común” en un importante grupo que reconociendo la magnitud del problema se opone a la refundación policial proponiendo fortalecer la actual organización. Esta propuesta es muy peligrosa porque apuesta de hecho por un modelo de policía que sólo existe en el Perú, donde en realidad “el modelo propio” vendría a ser claramente una máscara para encubrir la ineficiencia, incompetencia, corrupción y manipulación política institucional que existe en el sector del Ministerio del Interior.
El imparable crecimiento de la violencia e inseguridad exige a los actores de poder en el país reconocer la caótica situación de la seguridad ciudadana a nivel nacional y que a graves males se requieren grandes soluciones. Este sería EL PRIMER PASO para enfrentar el crimen y la delincuencia en el Perú.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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El primer paso para enfrentar el crimen y la delincuencia – Diario La Noticia
